Derecho

Aunque la edición anterior apareció tan solo hace poco más de un año resultaba imprescindible, no solo para seguir teniendo actualizada la jurisprudencia, sino por haber sufrido nueva regulación desafortunada. A la regulación contenida en la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común le han sucedido dos, del 1 de octubre de 2015: la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El régimen de la responsabilidad patrimonial se encuentra en esta última, si bien es necesario acudir a la primera. En esta nueva edición se ha estructurado la normativa de una y otra Ley según la sistemática tradicional de la obra.

En esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea.

En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y de los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.

En pocas materias se han producido tantos procesos como en el de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos