Tipo: materialTypeLabelLibro - General
Ubicación Física: 344.03 / G633

El derecho a la alimentación : en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales /

Autor: Gómez Méndez, María Paula.
Otros Autores: Colombia. Defensoría del Pueblo.
Serie: Serie DESC.
Pié de imprenta: Bogotá : Defensoría del Pueblo, 2006.
Descripción: 213 p.
ISBN: 9589353495.
Tema(s):
Resumen: Con el ánimo de contribuir en esta tarea, el presente documento se concentra en delimitar y describir el contenido mínimo esencial del derecho a la alimentación. Para ello se han tomado en consideración todas aquellas fuentes normativas que, como la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y jurisprudencia constitucional, resultan jurídicamente relevantes para establecer qué prestaciones concretas se derivan de este derecho y qué tipo de actuaciones puede demandarse de las autoridades públicas. La Defensoría del Pueblo considera que uno de los más importantes pasos hacia la exigibilidad y realización de los derechos sociales lo constituye su clara y concreta delimitación. Ello permite que funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y ciudadanos en general conozcan exactamente a qué tienen derecho y cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

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Derecho

Con el ánimo de contribuir en esta tarea, el presente documento se concentra en delimitar y describir el contenido mínimo esencial del derecho a la alimentación. Para ello se han tomado en consideración todas aquellas fuentes normativas que, como la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y jurisprudencia constitucional, resultan jurídicamente relevantes para establecer qué prestaciones concretas se derivan de este derecho y qué tipo de actuaciones puede demandarse de las autoridades públicas.

La Defensoría del Pueblo considera que uno de los más importantes pasos hacia la exigibilidad y realización de los derechos sociales lo constituye su clara y concreta delimitación. Ello permite que funcionarios estatales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y ciudadanos en general conozcan exactamente a qué tienen derecho y cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

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