Derecho

Finalmente, se exponen las conclusiones de la investigación, dentro de las cuales se destacan que la detención preventiva no es propia de un programa penal como el confeccionado en la Constitución Política de nuestro País; que no es una figura necesaria dentro del proceso penal colombiano, como quiera que los fines que se buscan atender con la misma, más que justificarla, la deslegitiman en su razón de ser y que, los principios y garantías fundamentales son de estricta vigencia y aplicaciones, ajenas a matizaciones.

La Inconstitucionalidad de la Detención Preventiva aborda, desde la óptica de la Constitución Política y su desarrollo legal, un tema de permanente interés y actualidad como es la tensión existente entre el derecho fundamental a la libertad y la satisfacción de los intereses a cargo del Estado, en especial la seguridad ciudadana, de cara a concluir si la restricción preventiva de la libertad se ajusta o no al programa penal de la Constitución, propio de un modelo de Estado social y democrático de Derecho.

Se abordan las dos (2) corrientes del pensamiento en que está divida la discusión: una, la que entiende la detención preventiva como propia y necesaria dentro del proceso penal, dentro de la cual coexisten dos (2) vertientes, la sustancialista y la procesalista, cuya diferenciación estriba en aceptar o no fines de naturaleza personal como soporte y base de la privación preventiva de la libertad o solo fines de aseguramiento del proceso. Otra, la corriente garantista, para la cual la figura en estudio no es propia del proceso penal y, por ende, debe ser abolida del mismo.

Seguidamente, se realiza un estudio del régimen de libertad y su restricción en el marco de la Ley 906 de 2004, a partir del Acto Legislativo 3 de 2002, analizando en detalle los fines constitucionales que, supuestamente, se deben satisfacer con la detención preventiva, amén del estudio detallado del debido proceso que debe adelantarse para la imposición de una medida tan gravosa como esta.