Derecho

La aceptación de responsabilidad penal dentro del proceso penal, también conocida como la conformidad, es una des las figuras procesales que más importancia y protagonismo ha venido adquiriendo en los últimos tiempos. No obstante que esta existe en el ordenamiento español desde hace más de 150 años, su potenciación como una forma de disposición de la pretensión penal comienza con la reforma hecha a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 1988 por medio de la Ley Orgánica 7, de 28 de diciembre. En el caso colombiano, ésta es una institución procesal que data a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado. A pesar de su corta andadura, se ha convertido en el eje sobre lo que se asienta la última reforma procesal penal llevada a cabo en dicho ordenamiento por medio de la Ley 906/2004. La evolución en las últimas décadas de las legislaciones procesales penales, tanto en España como en Colombia, evidencia unas características que señalan una clara apuesta por la opción del proceso penal truncado. En efecto, el concepto del debido proceso según la tradición jurídica continental europea del cual los ordenamientos hispanoamericanos son tributarios regido por principios garantistas acordes con la noción del estado de derecho, va cediendo terreno ante el paso avasallante de las tendencias jurídicas que anteponen al factor económico a los principios jurídicos. En este contexto, asumir un modelo del proceso penal con vigencia de la discrecionalidad para acusar, en el cual se combinen los criterios de oportunidad con la obligación de perseguir penalmente las conductas delictivas, es una opción política que no se amolda fácilmente a los postulados de los textos constitucionales vigentes en España y Colombia.