Tipo: materialTypeLabelLibro - General
Ubicación Física: 363.45861 / B456

Tribunales de tratamientos de droga : estudio sobre su viabilidad en Colombia /

Autor: Banavides Vanegas, Farid Samir.
Serie: Colección criminología.
Pié de imprenta: Bogotá : Grupo Editorial Ibáñez, 2017.
Descripción: 127 páginas ; 15 x 23 cm.
ISBN: 9789587496949.
Tema(s):
Nota de Bibliografía: Incluye bibliografía.
Resumen: Los delitos relacionados con drogas son la principal razón para el aumento y número de personas privadas de la libertad. Las estadísticas no nos permiten identificar los casos, pues solo nos informan de las personas capturadas por la violación a la Ley 30 de 1986 (Título XII Libro II del Código Penal o Ley 599 de 2000). Sin embargo, los diferentes estudios nos muestran que las personas privadas de la libertad en muchos casos lo son porque han cometido un delito relacionado con las drogas, ya sea porque las consumen y debieron cometer un delito para sostener su adicción; o porque bajo los efectos de una droga cometieron un delito como lesiones personales, homicidio, etc. En algunos lugares se corre el riesgo de capturar personas que llevan dosis pequeñas de droga para su venta pero también para poder financiar su consumo y se les envía a prisión, en donde su condición de marginalidad hace que los efectos de la prisión se magnifiquen y que las posibilidades de acceso a un subrogado penal o a una medida sustantiva sean muy bajas. Todo lo contrario ocurre con los líderes de las organizaciones criminales, que reciben beneficios de reducción de pena por la colaboración con la justicia y que tienen acceso a medios que evitan su marginación social dentro de la prisión.En conclusión, la pena privativa de la libertad ha entrado en crisis en América Latina, en general, y en Colombia, en particular. El aumento del número de personas privadas de la libertad hace que los presupuestos nacionales sean cada vez más altos, una situación que a largo plazo será insostenible. Es preciso buscar alternativas a la pena privativa de la libertad, pero que no aumenten la red de control y que no supongan un costo ni un control mayor que de la pena de prisión.

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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro - General Libro - General Sede Cra 13
CYP
Colección General 363.45861 / B456 (Navegar estantería) Ej. 1 Disponible 58941
Libro - General Libro - General Sede Cra 13
CYP
Colección General 363.45861 / B456 (Navegar estantería) Ej. 2 Disponible 58942

Incluye bibliografía

Los delitos relacionados con drogas son la principal razón para el aumento y número de personas privadas de la libertad. Las estadísticas no nos permiten identificar los casos, pues solo nos informan de las personas capturadas por la violación a la Ley 30 de 1986 (Título XII Libro II del Código Penal o Ley 599 de 2000). Sin embargo, los diferentes estudios nos muestran que las personas privadas de la libertad en muchos casos lo son porque han cometido un delito relacionado con las drogas, ya sea porque las consumen y debieron cometer un delito para sostener su adicción; o porque bajo los efectos de una droga cometieron un delito como lesiones personales, homicidio, etc. En algunos lugares se corre el riesgo de capturar personas que llevan dosis pequeñas de droga para su venta pero también para poder financiar su consumo y se les envía a prisión, en donde su condición de marginalidad hace que los efectos de la prisión se magnifiquen y que las posibilidades de acceso a un subrogado penal o a una medida sustantiva sean muy bajas. Todo lo contrario ocurre con los líderes de las organizaciones criminales, que reciben beneficios de reducción de pena por la colaboración con la justicia y que tienen acceso a medios que evitan su marginación social dentro de la prisión.

En conclusión, la pena privativa de la libertad ha entrado en crisis en América Latina, en general, y en Colombia, en particular. El aumento del número de personas privadas de la libertad hace que los presupuestos nacionales sean cada vez más altos, una situación que a largo plazo será insostenible. Es preciso buscar alternativas a la pena privativa de la libertad, pero que no aumenten la red de control y que no supongan un costo ni un control mayor que de la pena de prisión.

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