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La orden de extradición de los cabecillas de las autodefensas unidas de Colombia [Recurso electrónico] /

Autor: Laguado Gutiérrez, Antonio María.
Otros Autores: García Muñoz, José Alpiniano, ( director ) .
Pié de imprenta: Bogotá : Universidad Católica de Colombia, 2013.
Descripción: En línea.
Tema(s):
Resumen: En respuesta al conflicto interno del país, y en búsqueda de la paz y la solución negociada a la lucha armada, el Gobierno Colombiano adoptó en el año 2002 la política de "seguridad democrática" en la que se enmarcaron una serie de medidas tendientes a combatir a los grupos armados ilegales que luego del combate buscó la negociación, en una posición de poder para lograr resultados efectivos. Como instrumento legal de negociación con los grupos armados ilegales se expidió la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. En marcha el proceso de solución negociada, varios jefes de organizaciones armadas se desmovilizaron y se acogieron al procedimiento especial y a los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos había realizado petición formal de extradición de varios de ellos para que respondieran por delitos comunes, en su mayoría por tráfico de estupefacientes, peticiones que contaban con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno Nacional, mediante Resoluciones para cada caso concreto, decidió autorizar tales extradiciones a pesar de lo cual las declaró suspendidas y subordinándola al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz iniciado... (Tomado de la fuente)

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Colección de Monografías y Trabajos de Grado Disponible R-2927

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Tesis Magister en Ciencia Política Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Maestría en Ciencia Política

Derecho

En respuesta al conflicto interno del país, y en búsqueda de la paz y la solución negociada a la lucha armada, el Gobierno Colombiano adoptó en el año 2002 la política de "seguridad democrática" en la que se enmarcaron una serie de medidas tendientes a combatir a los grupos armados ilegales que luego del combate buscó la negociación, en una posición de poder para lograr resultados efectivos. Como instrumento legal de negociación con los grupos armados ilegales se expidió la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. En marcha el proceso de solución negociada, varios jefes de organizaciones armadas se desmovilizaron y se acogieron al procedimiento especial y a los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos había realizado petición formal de extradición de varios de ellos para que respondieran por delitos comunes, en su mayoría por tráfico de estupefacientes, peticiones que contaban con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno Nacional, mediante Resoluciones para cada caso concreto, decidió autorizar tales extradiciones a pesar de lo cual las declaró suspendidas y subordinándola al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz iniciado... (Tomado de la fuente)

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